Calchaquí: la Justicia obliga a PAMI a entregar medicación oncológica a una afiliada

El Juzgado Federal de Reconquista, a cargo del Dr. Aldo Mario Alurralde, resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la afiliada Raquel Angélica Giménez, de 75 años, oriunda de la localidad de Calchaquí, quien fue diagnosticada en 2021 con melanoma maligno de piel en estadio IV.

El expediente, caratulado “Giménez, Raquel Angélica c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) sobre amparo y medida cautelar” (Expte Nº FRO 19642/2025), tramitó ante la Secretaría de Derechos Humanos de dicho tribunal.

📌 El caso

Giménez fue intervenida quirúrgicamente en 2022, año en el que se le extirpó el melanoma y un ganglio centinela, y posteriormente se le practicó un vaciamiento ganglionar en la zona ilíaca derecha.

Desde noviembre de ese año inició tratamiento con Nivolumab, aprobado por PAMI, aunque de manera intermitente debido a los estudios previos requeridos para cada aplicación. En febrero de 2023, tras estudios de radioneurocirugía, se le detectaron metástasis intracraneales, por lo cual los médicos indicaron un nuevo esquema combinado: Ipilimumab 3mg/kg + Nivolumab 1mg/kg cada 21 días por 4 ciclos, seguido de Nivolumab mensual.

Sin embargo, el 4 de agosto de 2025 la obra social denegó el pedido, argumentando: “No se autoriza nuevo esquema que contenga la misma droga, ante la evidencia de progresión a inmunoterapia. Dispone de quimioterapia estándar”.

⚖️ La resolución judicial

La defensa, a cargo del Estudio Jurídico de la Dra. Vizcay Gómez (Buenos Aires), aportó antecedentes de pacientes en estadio IV tratados con este mismo esquema que lograron reducciones significativas de tumores e, incluso, la remisión completa de algunos casos.

Con estos fundamentos, el juez Alurralde ordenó a PAMI autorizar en un plazo de 48 horas corridas la cobertura al 100% de la medicación indicada, garantizando así la continuidad del tratamiento.

✒️ Un fallo con impacto social

Este caso se suma a otros precedentes donde la Justicia debió intervenir para garantizar el acceso a tratamientos oncológicos que las obras sociales negaban por su alto costo.