Comisión de Salud analiza el proyecto de narco test para funcionarios públicos

En la mañana de este jueves, en el Recinto de la Cámara de Senadores, la Comisión de Salud Pública recibió a representantes de distintos organismos de la medicina, para evaluar las diferentes posiciones sobre un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la realización de exámenes toxicológicos -narco-test- para todas las personas que ejerzan cargos públicos.

El expediente en cuestión fue presentado por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, en el mes de julio del corriente año y fue derivado a las Comisiones de Salud Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En su artículo 1, el proyecto reza: "Establécese la obligatoriedad de la realización de exámenes toxicológicos -narco-test- destinados a detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales, para todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente, en cualquiera de los tres poderes del Estado de la Provincia de Santa Fe, durante el ejercicio de sus funciones".

En ese marco del trabajo legislativo, la Comisión de Salud, representada por los senadores presentes Osvaldo Sosa, Leonardo Diana y Germán Baumgartner, recibió a la Presidenta del Colegio de Profesionales de la Psicología Primera Circunscripción, Lic. Victori Castro, al Presidente de la Asociación de Psiquiatras de Santa Fe, Psiq. Emiliano Ávila Castro, al Presidente del Colegio de Médicos de la Primera Circunscripción, Dr. Julio Bedini, el Lic. Osvaldo Chiarlo, en representación de la Asociación Civil Abra, y la Directora Provincial Legal y Técnica, María Carolina Caputto, en representación del Ministerio de Salud.

En el encuentro, los legisladores escucharon las distintas opiniones y puntos de vista relacionados al proyecto en cuestión. 

Dicha medida se encuadra en una política pública integral de prevención del consumo de sustancias psicoactivas ilegales, y se propone como herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la ejemplaridad, la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la administración pública en general.