220 pensiones nacionales no contributivas son auditadas en Calchaquí

En conferencia de prensa, el intendente Rubén Cuello, acompañado por la secretaria institucional Carla Diez, la Secretaria de Desarrollo Social Antonela Beltramino y las coordinadoras de las UDES que integran el gabinete social del municipio, confirmó que 220 pensiones nacionales no contributivas (PNC) fueron auditadas en Calchaquí.

El mandatario destacó la labor social sostenida desde 2008, que permitió a más de 900 familias con personas con discapacidad garantizar sus derechos, acceder a un beneficio económico y a cobertura social. En ese sentido, valoró la inversión del municipio no solo en recursos humanos y gestiones ante la Agencia Nacional de Discapacidad, sino también en el acompañamiento constante a los vecinos. Además, subrayó que estos recursos impactaron directamente en la economía y el comercio local.

Cuello cuestionó el accionar del gobierno nacional, al que calificó de aplicar un “sistema perverso” que golpea a los sectores más vulnerables de la ciudadanía.

Deficiencias en la atención y denuncias

Durante la conferencia, se revelaron las condiciones deficientes en las que se desarrollaron las auditorías en la ciudad de Vera, donde muchos beneficiarios sufrieron demoras de hasta seis horas sin sillas ni resguardo, incluso bajo la lluvia. 

Frente a este escenario, funcionarios locales realizaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, solicitando garantías para un procedimiento digno.

El rol del municipio

Desde la gestión local se aclaró que el municipio no tiene injerencia en los resultados de la auditoría, pero sí asumió un rol activo en acompañar y asesorar a los vecinos mediante equipos técnicos, trabajadoras sociales y coordinadoras de las UDES. El objetivo, remarcaron, es contener, orientar y evitar que los beneficiarios pierdan un derecho adquirido.

Las palabras de Soledad Vivas

La funcionaria explicó que la Pensión Nacional no Contributiva por Invalidez tiene como objetivo brindar cobertura económica y social a las personas con discapacidad. “Esta cobertura implica un abanico de posibilidades: asistencia a un centro de día, rehabilitaciones, medicamentos, el programa Incluir Salud. Si se da de baja la pensión, también se pierden todos esos beneficios. Es un derecho adquirido que debemos cuidar y defender”, remarcó.

Vivas recordó que las pensiones no se otorgaron “a dedo”, sino que pasaron por un circuito de cinco instancias de evaluación profesional y médica, lo que podía demorar entre un año y un año y medio antes de su otorgamiento. “Hoy tenemos 220 personas a las que acompañar, y lo hacemos con asesoramiento en cada una de las UDES, con turnos específicos, digitalización de documentación y apoyo personalizado, porque cada caso es distinto”, explicó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con instituciones de salud, la Junta Evaluadora de Discapacidad, profesionales del hospital de Calchaquí y del SIC, y pidió empatía a la comunidad: “Estamos hablando de familias que viajan, que pasan por internaciones, que se ocupan y preocupan con recursos limitados. No podemos permitir que se vulneren más sus derechos ni que se ridiculice a las personas con discapacidad en los medios nacionales”.

Finalmente, convocó a los vecinos a acercarse a las UDES para recibir asesoramiento personalizado, y aseguró que el municipio continuará acompañando en todo el proceso: “Estamos frente a un derecho reconocido que hoy tenemos que cuidar"