“En Santa Fe hay 700 escuelas fumigadas con agrotóxicos”

Infobae entrevistó a la periodista Fernanda Sandez, autora de La Argentina Fumigada, una minuciosa investigación sobre el uso de agroquímicos en el paíssin-titulo-3

 

– ¿Qué fue lo que más te impactó de la investigación?

– Me cambió mucho la cabeza empezar a recorrer los pueblos, porque empezás a ver cosas que antes no habías tenido en cuenta. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que en muchos lugares las personas dependen de los ingresos de un campo que a la vez los está enfermando.

– Parece una extorsión intelectual y económica.

– Todo el tiempo. Pero ni siquiera lo llamaría extorsión, es esta cuestión de “si estás contra el campo, estás contra nosotros”, la idea de que el campo es esto y sólo puede ser esto. Entonces, objetar que se fumigue una escuela es estar contra el campo.

– ¿Esos pueblos están divididos o la discusión no se da?

– Si se da, pero se da al estilo de los pueblos. En algunos es más frontal, en otros es más sutil, en otros, por ejemplo, no se va a dar la discusión pero te vas a quedar sin trabajo, vas a tener que salir armado a la calle o te vas a tener que ir del pueblo, como le pasó en San José de la Esquina a Roberto Sacchi, uno de los denunciantes de un derrame gigantesco de 2,4D, que es un herbicida que se derramó en el verano de 2014. Cayeron 18 mil litros por un accidente en una ruta, eso llegó al río Carcarañá y dos años después la Universidad Nacional de La Plata probó que el pesticida seguía ahí abajo, cubierto por arena; arriba habían hecho una playa. Hablar en esos contextos es sumamente difícil. El que denuncia es el enemigo del pueblo que quiere que le vaya mal a todos.

– Parecería que la agroecología no existe, casi no se habla de ella y para algunos productores es mala palabra.

– Lo irónico es que muchos de los que están promoviendo este estado de cosas saben que hay otro modelo y que es necesario seguir diciendo que no hay otra salida posible. Lo irónico es que Olivier De Schutter, que es el relator de las Naciones Unidas para las FAO, dijo que este estado de cosas es insostenible y habla de la agroecología como la opción, porque no sólo no contamina y no enferma, sino que no toma como rehenes a los productores, porque en este estado de cosas vos tenés que comprar no sólo las semillas, sino los agroquímicos y los fertilizantes. Y no tenés posibilidades de negarte a eso, porque gran parte de lo que pasa con los que tratan de producir de otra manera es que si tenés al lado un campo de agricultura industrial y querés hacer un emprendimiento agroecológico, lo tuyo se va morir, tus animales, tus peces y tus cultivos.

– ¿Por qué está instalada la idea de que el modelo de los transgénicos y los agroquímicos es más redituable para los productores?

– Es redituable en la gran escala. Y porque esta no es una discusión que se abra a los productores. Les dicen todo el tiempo que esta es la manera de alimentar al mundo. Pero esto también lo dijo las FAO: el 70% de los alimentos los produce el 30% de las personas que producen de otra manera, no en base a veneno. Esto es un gran negocio. En Argentina mueve casi 3 mil millones de dólares al año. Es el sector que más creció el año pasado, más que la siderurgia, la venta de autos, electrodomésticos, creció un 36,5% sólo en un año. Y todos los meses hay diez nuevos agroquímicos.

– ¿Cómo es el proceso para autorizar un agroquímico?

– Hay una resolución de 1999, la 350, que dice que las empresas que quieran registrar un agroquímico en Argentina tienen que presentar los estudios probando qué es lo que hace. Luego el Estado lo evalúa y lo autoriza.

– ¿Es el propio interesado el que hace los estudios?

– Es como que vos quieras poner una escuela, te tomes los exámenes y digas que es buena.

– ¿Pero el Estado no hace ningún tipo de control?

– Prueba que los estudios hayan seguido los protocolos. Pero como denunció en 2012 la Auditoría General de la Nación (AGN), una vez que fue aprobado un pesticida, no se vuelve a evaluar. Y esto es tan así, que el año pasado cuando el glifosato fue recategorizado por la IARC como probable carcinógeno en humanos, un grupo legal y ambiental se presentó al Senasa diciendo que esto tiene que activar la evaluación de pesticidas. Presentaron 436 estudios científicos, pero el Senasa los descartó a todos porque dijo que no tenían entidad científica. Por eso, esto fue llevado a la Justicia.

– Muchas veces se lleva la discusión al plano de que el problema no sería el veneno en sí mismo, sino cómo se aplica.

– Esto no es cuestión de opiniones, sino de lo que dicen los científicos. Y la verdad es que no hay un producto que sea independiente de las condiciones de aplicación. Si vos sabés que un producto como el endosulfán puede terminar matando, como pasó con Nicolás Arévalo en Corrientes, eso lo tendrías que tener en cuenta. Y forma parte de una falacia, que es que un biocida no fue formulado para matar. Son biocidas, buscan matar vida. Que se trate de un insecto o una maleza es otra cosa, pero su función original es eliminar una forma de vida.

– ¿Hay algún tipo de control del Estado sobre la aplicación?

– ¿Hay normas? Sí. ¿Se cumplen? No.

– ¿Quién debería hacerlas cumplir?

– La AGN le dijo a Senasa que no reevalúa y que no tiene un registro actualizado de aplicadores. El registro nacional se creó por ley en 1963, pero no se puso en funciones. Hoy están registradas 850 empresas y particulares para un país que tiene casi 35 millones de hectáreas agrarias. O no aplican veneno en todos lados o no lo aplican personas que pueden hacerlo. En muchos lugares hay ordenanzas y tampoco se cumplen, o se cumplen por la mitad.

– Uno de los primeros casos que se conoció es el de los banderilleros. ¿Sigue habiendo?

– Los banderilleros eran los chicos que se colocaban en los extremos de los lotes para hacer señales con banderillas o con sus remeras para mostrar dónde tenía que pasar la aplicación. ¿Sigue habiendo? Dicen que no, pero hay gente que cuenta que sí. A mí lo que me preocupa es que al no haber registro de lo peligroso que son estas cuestiones, dicen que son mitos urbanos, no se toma conciencia y están todos absolutamente expuestos. Quizás hay menos banderilleros porque hay conciencia, pero se sigue fumigando escuelas. En Santa Fe hay 700 escuelas fumigadas. En Entre Ríos, el 80% de las escuelas fueron fumigadas por lo menos una vez en horario de clase. Algunas maestras son valientes y hacen la denuncia y otras se tienen que callar por temor al despido o porque la persona que los puede hacer ascender en su carrera docente es la esposa del que fumiga. Está todo tan entramado, es tan complicado; la gente no es mansa porque sí, sino porque teme a las consecuencias de hablar. Y sigue sucediendo porque está invisibilizado. Este es el famoso país que no miramos.

– ¿Qué estadísticas hay vinculadas a la fumigación y las enfermedades?

– A un Estado que vive de esto no le interesa reportar o medir ciertas cuestiones. El Renac, el Registro Nacional de Enfermedades Congénitas, se creó en 2009 después de la denuncia de Andrés Carrasco sobre el impacto de un plaguicida en particular sobre el desarrollo embrionario. También se creó la Comisión Nacional de Investigación en Agroquímicos. Pero el Estado siempre va detrás del problema.

– ¿Pero hay estadísticas que vinculen las fumigaciones con enfermedades?

– En la Universidad de Rosario tienen 27 campamentos sanitarios, van a las poblaciones, evalúan a los vecinos, les hacen una encuesta para medir su estado de salud, trabajando con la historia clínica, la medicación que toman. Lo que encontraron es que hay muchas enfermedades que están sospechosamente aumentadas, como hipotiroidismo, lupus, muchos abortos espontáneos. En algunos lugares el cáncer es la primera causa de muerte. Y no es una población, son 27, en donde hay parámetros que muestran que algo no está funcionando bien.

– Nombró a un personaje central que divide las aguas, que es Andrés Carrasco. Están los que piensan que es una eminencia y los que creen que es un asesino de animales, que es una locura lo que hizo.

– Carrasco estuvo 30 años en el Conicet; médico, experto en biología molecular, titular del laboratorio de la UBA, distinguido internacionalmente. Cometió el error de probar en un laboratorio lo que las poblaciones venían diciendo: que ciertos pesticidas tienen un poder teratogénico. Lo aterrador es que aquí nadie levantó la noticia ni se hizo eco de nada cuando lo publicó en la revista oficial de la Asociación Química Americana, una revista donde sólo se puede publicar después de la revisión de pares.

– ¿Qué encontró en sus estudios?

– Lo que decían, en resumen, es que en un pesticida en particular, la presencia de glifosato hacía que los embriones que estaban desarrollándose comenzaran a comportarse de una manera de no debían; había alteraciones en la talla, en el desarrollo de los ojos, de los oídos, se podía presentar todo un espectro de complicaciones que él vinculaba a este efecto disruptor del químico sobre el embrión. Esto le costó caro.

– La pasó mal…

– Sí, fue perseguido, denunciado, le mandaron abogados, le cortaron su carrera. El actual ministro de Ciencia y Tecnología (Lino Barañao) dijo en un Congreso de Aapresid, criticando a Carrasco, “que un dato sea cierto no es razón suficiente para darlo a conocer”; si esto es así, me pregunto, qué es suficiente razón para dar a conocer una situación que podría estar poniendo en peligro a poblaciones enteras. En su caso primó eso: (Carrasco) dijo “yo encontré esto en el laboratorio, lo comunico y que las autoridades tomen las medidas que quieran tomar”. La medida que quisieron tomar fue perseguirlo.

– ¿Se puede hablar de agroquímicos sin entrar en el terreno de los transgénicos?

– Los agroquímicos son anteriores, son productos posteriores a la segunda guerra mundial, cuando las empresas que fabricaban gases de combate empezaron a buscar nichos de mercado y fueron sobre la agricultura. Lo que cambió es que a mediados de los 90 esas mismas industrias y otras empezaron a pensar en desarrollar semillas resistentes a los químicos. Es un negocio redondo. ¿Hay relación directa? Sí, claro. En el caso de Argentina es clarísimo, porque de 37 que tenemos aprobados la fecha, 27 están hechos para resistir no uno, sino dos y hasta tres venenos, triple resistencia. El problema es que nosotros no somos un producto de laboratorio y no estamos preparados para resistir esa carga química, en esos volúmenes y por esos lapsos de tiempo. Hay pueblos en Córdoba que se fumigan ocho veces al año. Hay un estudio de la Universidad de Río Cuarto que prueba que hay daños genéticos en niños.

– ¿Cómo influyen la fumigaciones en los niños?

– Los chicos tocan algo y se lo llevan a la boca, están mucho tiempo con el cuerpo expuesto, tienen otro tipo de resistencia y otra manera de procesar esos tóxicos. La que está trabajando en esto es la doctora Elda Cargnel, que es titular de la unidad de toxicología del Hospital Gutiérrez. Ella advierte esto: ojo que lo que a un adulto puede hacerle mal, a un niño puede hacerle peor, porque hay sistemas que no están maduros. Ella cuenta el caso de los chicos expuestos a un agroquímico llamado clorpirifos, que está aprobado y que es tan peligro como el endosulfán. Como los chicos no lo pueden metabolizar en su hígado porque no lo tienen desarrollado todavía, ataca directamente el sistema nervioso central.

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